Este jueves, el Senado de la Nación debatirá el proyecto de Reforma Judicial que impulsó el gobierno de Alberto Fernández. Durante la sesión escuchará las críticas de la mayoría de los sectores que integran el Poder Judicial de la Nación: jueces, fiscales, abogados, defensores oficiales y el gremio de empleados judiciales.

El Senado de la Nación debatirá el proyecto de la Reforma Judicial. Diferentes sectores expresaron sus críticas a la iniciativa.

Sobre el proyecto, las objeciones se centran en que se prioriza la creación de juzgados cuando el objetivo principal debería estar en las fiscalías. Incluso, consideran que se aumenta una estructura en muchos casos sin justificación. No se tiene en cuenta que la estructura edilicia e informática es mala, por lo que requería una importante inversión de dinero.

La iniciativa propone reformar la justicia federal de la ciudad y de la del interior del país. Para la justicia de la Ciudad unifica los juzgados federales de Comodoro Py con los del fuero Penal Económico y desdobla las dos secretarias que tiene. De esta manera, pasarían a ser 46 juzgados de primera instancia. También fusiona las cámaras y los tribunales orales de los dos fueros.

En el caso del interior, los juzgados federales tienen la competencia múltiple. Esto es que los jueces tienen los casos penales, laborales, civiles, contenciosos. Habrá un juzgado únicamente para la materia penal y otro para el resto.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, indicó: “Con un proceso acusatorio no son necesarios 46 Juzgados de Garantías en la Capital, la mayor carga de trabajo cae sobre las fiscalías. Ya no importan los cargos ni sus equivalencias, lo importante son las funciones que cada magistrado cumple”.

Desde la Asociación de Fiscales nacionales, a cargo de Carlos Rívolo, opinaron: “Este proyecto pone en riesgo la verdadera reforma del sistema federal que los fiscales impulsamos, la instauración definitiva del sistema acusatorio, porque la esencia de este sistema es la división de roles entre jueces y fiscales”.

La Asociación de Magistrados también objetó que “el proyecto nos presenta solo 23 nuevas fiscalías sin un espacio donde funcionar ni una dotación de personal”. En esa línea, la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, sostuvo que ante 46 juzgados se crean solo 14 defensorías y en el interior del país 94 juzgados, 85 fiscalías y 23 defensorías.

En tanto, para los jueces la iniciativa no explica “con qué criterio se distribuyeron en algunas localidades en desmedro de otras” los 94 juzgados federales penales que se crean en el interior del país.

Otro aspecto que plantearon desde las entidades judiciales, es sobre los recursos para afrontar la reforma: “Estamos en una situación de emergencia judicial. La reforma no responde a las necesidades de la sociedad, necesitamos una política de estado que nos diga que en cuatro o cinco años vamos a tener la Justicia que está esperando la sociedad”.

Mercedes