Por José Ignacio Martínez –
Alfonsín siempre será recordado como el padre de la democracia en Argentina. Su desempeño como presidente en la década del ochenta, su perseverancia y su constancia para trasmitir al pueblo los valores democráticos y su importancia abalan esta percepción del pueblo argentino sobre su persona. Se convirtió en el símbolo de la democracia al ser elegido por voluntad popular tras siete años de gobierno militar, período en el que se escribieron algunas de las páginas más oscuras de la historia argentina, y por su incansable actitud democrática ante sucesos políticos y sociales en los que a veces podría resultar más “cómodo” actuar de forma autoritaria.
Su rol como “padre de la democracia argentina” se inmortalizó durante su presidencia entre 1983 y 1989, en la que derogó la autoamnistía, decretada por los militares durante el gobierno de facto, y creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Su primera acción como presidente fue la sanción de dos decretos: el 157/83 y el 158/83; el primero ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros, el segundo ordenaba procesar a las juntas militares que dirigieron el país durante el golpe militar iniciado el 24 de marzo de 1976.
Como resultado del juicio, se dictó la sentencia y se condenó a Jorge Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a diecisiete años de prisión, a Armando Lambruschini a ocho años y a Orlando Agosti a cuatro años de prisión. Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Brasil, Chile, España, Portugal, Sudáfrica y Uruguay.
Se transformó en un símbolo de la democracia en Argentina y en América Latina, y se lo considera el “arquitecto de la política argentina moderna, democrática y plural”. Es reconocido como tal por propios y ajenos, por sus valores democráticos y su apego a la Constitución, que no solo profesó, sino que también ejerció mientras estuvo al frente del Poder Ejecutivo. Durante todo su mandato respetó el federalismo, sin intervenir provincias y sin cercenamientos políticos, funcionales ni presupuestarios para con los gobernadores justicialistas, que eran mayoría durante su Gobierno, a todos los cuales trató de forma igualitaria y sin reservas de ninguna índole.
Con convicción republicana, honró la independencia de poderes y reforzó la independencia del Poder Judicial ofreciendo a Ítalo Luder, su oponente en las elecciones presidenciales de 1983, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Además, respetó la libertad de información y expresión, de manera tal que designó al periodista Campolongo, quien era un militante justicialista, en la Secretaría de Difusión de la Presidencia, dando más muestras de pluralismo democrático.
Debió soportar doce huelgas de trabajadores, en las que no acusó de destituyentes a los dirigentes gremiales que las promovían y procedió en absoluto respeto al derecho de huelga y petición a las autoridades. A pesar de los disturbios durante el cierre de su mandato, gobernó sin decretar estado de sitio, manteniendo con plena y permanente vigencia las garantías constitucionales y libertades cívicas.
El país se encontraba en una situación de convulsión social y económica ante la que demostró que el país estaba por sobre su persona y, con una profunda actitud cívica, no dudó en dejar su lugar de privilegio –la presidencia de la República- y optó por preservar la continuidad del sistema y los beneficios de la libertad para su pueblo, garantizados por la Constitución Nacional.