Según el estudio, el Gobierno nacional no tiene previsto reforzar las jubilaciones. Además, propone que las asignaciones que incluyen asignación por hijo, por hijo con discapacidad, ayuda escolar anual, no se actualicen por inflación.
El proyecto de ley del Presupuesto 2026 comenzará a discutirse este miércoles en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que preside el libertario José Luis Espert. Se espera un áspero tratamiento con la oposición que ya dejó en claro que no permitirá otra prórroga más de la “Ley Madre”.
Con relación a los detalles del proyecto que presentó Javier Milei al Congreso, un trabajo de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) revela que la política de ajuste se mantendrá inamovible a pesar de que hay un incremento del gasto en el orden del 5,9% real en comparación con este año.
Uno de los puntos más sensibles, es que no se prevén refuerzos para las jubilaciones y persistirían los recortes en algunos programas sociales. Además, el presidente Javier Milei subiría las tarifas eléctricas y de gas.
Jubilados
De acuerdo con el estudio de la ASAP sobre el proyecto de ley, el Gobierno no tiene previsto reforzar las jubilaciones (ello representa la erogación más importante del presupuesto).
El texto mantiene sin cambios la actualización de los haberes por la fórmula de movilidad jubilatoria y no se prevén aumentos en el bono de $70.000 que perciben los jubilados del haber mínimo. Este monto se mantiene congelado desde marzo de 2024, lo que licúa el poder de compra de casi 3 millones de jubilados.
Aunque las cifras del proyecto estipulan para el año próximo un aumento del 5,4% real para el pago de todas las jubilaciones –producto de la fórmula de movilidad , también hay una caída en la partida destinada al pago de los bonos: los $3 billones actuales caerán a $2,9 billones, lo que implica un derrumbe del 13,5% real.
Asignaciones
Por otra parte, la iniciativa propone derogar la movilidad de las asignaciones familiares. Esto abarca a las asignaciones que otorga la Anses por hijo, por hijo con discapacidad, por ayuda escolar anual, por nacimiento, adopción, matrimonio, la AUH, la asignación por embarazo, para protección social y por cuidado de la salud integral que perciben trabajadores registrados y no registrados.
Para tener en cuenta, actualmente estos ingresos se actualizan de manera automática por inflación; si este proyecto es ley, los eventuales aumentos quedarán a discreción del Poder Ejecutivo.
En materia de obras públicas, uno de los rubros más castigados por el ajuste libertario, el presupuesto prevé que para 2026 ascienda a $3,29 billones, lo que implica un aumento del 32% real respecto de la ejecución proyectada para este año; empero, el nivel sigue siendo muy por debajo de 2023 (-74,7%), advierte ASAP.
En este rubro se destaca una fuerte suba para la Dirección Nacional de Vialidad –lo que evidencia un giro del Gobierno a partir de las críticas por el estado deficiente de las rutas tras dos años de desinversión, pero seguirá fuerte el ajuste en las partidas para vivienda y urbanismo (-6,9% real respecto de este año) y Agua Potable y Alcantarillado (-0,9%).
Prevé incremento de los combustibles y seguir con el beneficio impositivo para Tierra del Fuego
Uno de los ítems que se resalta del proyecto de ley de Presupuesto 2026, es que se prevé una fuerte recaudación en el impuesto a los combustibles, que alcanzaría casi $3 billones (+50,6% real) ?lo que impactaría en el precio de estos insumos? y del impuesto a las ganancias, que pasaría a recaudar $16,5 billones (+9% real). También se prevén subas en la recaudación de los derechos de exportación (que incluye las retenciones agropecuarias) y de importación.
Gastos tributarios
En tanto, el presupuesto 2026 mantiene prácticamente incólume los gastos tributarios, por lo que se perderá de recaudar $35,2 billones (3,42% del PBI) por beneficios fiscales y exenciones tributarias varias. Esto incluye desde la exención del pago de ganancias al Poder Judicial y el régimen de promoción de Tierra del Fuego (cuestionado y que favorece a determinados grupos empresarios), hasta exenciones del IVA a prestaciones médicas y servicios