Durante las últimas dos semanas el campo volvió a ser centro de la atención pública y a afrontar un nuevo conflicto con el Gobierno nacional. Fue porque el oficialismo decidió cargar las responsabilidades de la suba del precio de los alimentos al sector primario y vinculándola al aumento de los precios internacionales de los commodities agrícolas y el “acople” a estos de los precios internos.
El propio presidente Alberto Fernández dijo públicamente que si no se encontraba una solución a esa supuesta problemática aumentaría las retenciones o impondría cupos a las exportaciones, lo que encendió alarmas en el sector y derivó en una reunión de la Mesa de Enlace con el propio presidente donde, de momento, se desactivaron las posibilidades de intervención en los mercados.
Si bien desde el sector aseguran que la incidencia del precio de los granos como el maíz o el trigo es muy pequeña en los productos en góndola como para justificar una intervención en los mismos para bajar los precios, desde el oficialismo insisten en que los productores son una suerte de formadores de precios que presionan sobre la inflación para incrementar sus ganancias.
Infobae consultó a especialistas del sector para dilucidar si el agro puede imponer precios que afecten fundamentalmente los valores de los alimentos. Las respuestas fueron negativas, principalmente porque aseguran que no solo no es un formador de precios, sino un tomador de los mismos. Esto es, los productores no deciden a qué precio venden su mercadería. Los aumentos de precios en góndola responden más a la dinámica inflacionaria del país, la abultada presión fiscal y una alta emisión.
El responsable del Departamento de Economía de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Matías Lestani, aseguró a este medio que “los productores no son formadores de precios, sino tomadores. Si bien es cierto que la cadena comienza con el productor, el flujo monetario en una cadena es inverso, o sea, empieza en el consumidor final y va desandando cada escalón hasta que llega al productor”.
En este sentido, Lestani explicó que no hay posibilidades que el sector sea formador de precios ya que a partir del valor al que el productor vende su trigo, el precio final del producto en el que se utiliza, como el pan, se multiplica siete veces hasta llegar al consumidor, de las cuales dos partes corresponden a impuestos. “En el caso de la leche se multiplica por cuatro y más de una vez siguen siendo impuestos. La carne se multiplica por cuatro y el pollo cuatro veces y medio. Entonces, esto demuestra que el productor no es formador”.
Asimismo, Lestani afirmó que el aumento de los precios en los alimentos “nada tiene que ver el acople de precios”, ya que países agroexportadores como Argentina, como por ejemplo Brasil, pero también Paraguay o Uruguay “el valor de las exportaciones no les influye los precios internos y es ahí donde entra la inflación: estos son países que tuvieron en 2020 inflación de un dígito. Argentina tuvo un 36,1%. Entonces, acá hay dos componentes importantes en los precios: el primero es la inflación y el segundo son los impuestos. El 41% de lo que un consumidor carga en un changuito de supermercado son impuestos”.
Para demostrar que los alimentos subieron sus precios al mismo nivel que otros productos, Lestani realizó una comparación entre algunos de ellos desde enero de 2017 a febrero de este año. “La carne se multiplicó 4,3 veces, pero la leche también y el gasoil. La canasta familiar se multiplicó 4,23 veces y el dólar oficial se multiplicó 5,8 veces. Pasado en limpio, en enero de 2017 con 100 pesos comprabas determinada variedad de productos y cantidad y hoy se necesita para lo mismo 383 pesos. Eso es inflación y hace que los precios suban, que, en realidad, es que se destroza el poder adquisitivo de los argentinos y ahí está el problema”.
Otras opiniones
Para el economista jefe de de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), David Miazzo, no existe la posibilidad de que haya una formación de precios desde el sector ya que no solo no establece el valor de su producción, sino que al haber tantos productores se hace imposible que se pongan de acuerdo y establezcan un valor conjunto para reclamar un precio.
“Para que alguien sea formador de precios, que tenga la capacidad de fijarlos, tiene que tener poder de mercado. O sea, tiene que tener una parte importante de este para poder regir el precio de tal bien. En el caso del campo es todo lo contrario a un formador, porque hay miles de productores agrícolas y ganaderos y, en este sentido, cada uno produce partes ínfimas de la producción total. Es por ese motivo que no tiene ningún poder para decir quiero por mi tonelada de trigo y de carne determinada cantidad de dinero”, explicó Miazzo.
Según detalló el especialista, los precios de referencia en el mercado de granos se deciden en el mercado de Chicago, en Estados Unidos. A partir de ese valor, se establece un precio Fob argentino, imponiéndose así un precio de referencia del producto a nivel nacional. O sea, que el productor depende de un precio que se define de manera internacional, lejos de que él pueda definirlo”.
Para Miazzo, estas discusiones sobre formadores de precios se producen cuando el contexto económico es de alta inflación. “Solo se plantea para tratar de encontrar culpables de la inflación. En este momento cayeron los productores agropecuarios, no se si por desconocimiento o por esta necesidad de buscar un culpable, cuando el único culpable es el Estado con la emisión monetaria y las destrucción de la moneda”.
Economías regionales
Otros alimentos que registraron una suba muy fuerte de sus precios en góndola, son las frutas y verduras, generalmente productos que se producen en las economías regionales, y por tal motivo, el Gobierno apunta para su contención enarbolar un esquema parecido al que se implementó en las carnes para ofrecerlos con rebajas. Sin embargo, la gran cantidad de productores y su dispersión en el territorio hacen, por lo menos, que no sean sujeto de negociación.
Sin embargo, estos tampoco son formadores de precios, por la baja incidencia que posee el valor que se le paga al productor por su mercadería y el precio al que se encuentra en góndola para el consumidor. Al respecto, el Director Ejecutivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Pablo Vernengo, indicó a Infobae que en algunos casos en lo que paga el consumidor hay una brecha de “15 veces del precio que se le paga al productor”.
Según datos aportados por Vernengo, en febrero a un productor de naranjas se le pagaba $ 41 el kilo, mientras que el Mercado Central lo comercializa a $ 77,4 y el consumidor en góndola paga $ 135,2. En el caso del limón, el productor recibió $ 50 por kilo y el consumidor paga $ 206,3, mientras que en el zapallito, se le paga al agricultor $ 8,2 y el público lo adquiere por $ 84,2. “El promedio da que se multiplica, en promedio, por seis el precio que paga el consumidor respecto a lo que recibe el productor”, aclaró.
Para Vernengo, en el sector hay “mercados que no son transparentes” y al no tenerlos “no tenemos un comercio justo. Lo que bregamos desde CAME en el sector frutihortícola es que necesitamos tener un comercio justo, que es que quien genera el producto que va iniciar la cadena de valor es el que tiene que tener una rentabilidad apropiada, con un precio ajustado a lo mismo”.
En este sentido, el directivo de CAME explicó que “hay mucha intermediación y triangulación. Mucha de ella es especulativa. Si hoy vas a comprar manzana, el productor la vendió en la cosecha 2020 y se le pagó $12 pesos el kilo. Ahora está a 220 pesos en góndola. ¿Quién se lleva el diferencial? Los galpones de las cámaras de frío, los grandes jugadores de las cadenas agroalimentarias, no los productores chicos”.