Ir al contenido

Se podrán formalizar contratos y trámites en forma remota con la firma digital

El Gobierno modificó el sistema de firma digital a través del Decreto 743/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial, con el objetivo de ampliar su alcance para que los trámites y contratos puedan formalizarse de manera remota. La nueva normativa permite que la verificación de identidad se realice virtualmente, eliminando la obligatoriedad de trámites presenciales, como se exigía hasta el momento. La validación se efectuará en tiempo real confrontando los datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Entre los cambios introducidos, se destacan las modificaciones en el régimen de Certificadores Licenciados, que ahora pueden delegar en “autoridades de registro” las funciones de validación de identidad y otros datos de los suscriptores de certificados, así como la gestión de los trámites que les sean presentados. El Decreto elimina el requisito de presencialidad, que obligaba a comprobar de manera física la identidad y cualquier otro dato relevante de los solicitantes.

El texto oficial subrayó que “la presencia física del solicitante o suscriptor ante el Certificador Licenciado o sus Autoridades de Registro no será condición ineludible para el cumplimiento de los trámites necesarios para la emisión, renovación o revocación del correspondiente certificado digital”.

El Decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que la medida se enmarca en el proceso de modernización tecnológica que atraviesa la Administración Pública. En este contexto, se consideró oportuno implementar medidas que incrementen la relación directa de la administración con los ciudadanos.

Esta iniciativa se suma a las diversas medidas adoptadas tras la aprobación del Plan de Modernización del Estado durante la presidencia de Mauricio Macri, con el objetivo de “facilitar el acceso del administrado a los organismos del Estado, agilizando sus trámites administrativos e incrementando la transparencia y accesibilidad mediante el uso de herramientas tecnológicas que posibiliten un acceso remoto y el ejercicio de un seguimiento efectivo sobre la actividad administrativa”.