“De esto salimos por el lado del trabajo”, suelen repetir miembros del gabinete nacional a la hora de explicar cómo puede Argentina dejar atrás la crítica situación social profundizada por la pandemia de coronavirus. Con un ritmo de vacunación mayor al de meses atrás y con una mayor apertura de la economía que les hace augurar un sendero de reactivación, el Gobierno se focaliza en una serie de herramientas para crear nuevos empleos formales.
Se trata de una política que reclaman tanto desde los sectores industriales, que insisten en que la carga tributaria dificulta la contratación de nuevo personal aún en épocas de expansión económica, como distintas organizaciones sociales y espacios políticos que forman parte del frente gobernante. El objetivo tiene por un lado insertar a cientos de personas al mercado formal, a la vez de ir desactivando distintas ayudas estatales.

En el menú de alternativas en estudio hay una que está más avanzada que podría ser anunciada en las próximas semanas. Se trata de un plan para generar unos 30.000 puestos de trabajo en distintos sectores económicos a los que se apuesta para la reactivación: construcción, alimentos y energía entre ellos.

Estará focalizado en jóvenes entre 18 y 24 años, mujeres y personas no binarias, y cuenta con un esquema de incentivos para las empresas contratantes, que puede llegar hasta 70% del salario por trabajador, que pagaría el Estado por un año. Y está a la espera el aval final del presidente Alberto Fernández para realizar el anuncio.
Forma parte de un plan integral del empleo, a cargo de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Productivo desde principios de 2020. Según fuentes oficiales, la intención es generar un puente entre firmas que con planes de inversión en marcha requieren tomar personal y un universo de jóvenes que están inscriptos en capacitaciones y planes de inserción laboral, incluidas las becas Progresar para la finalización de los estudios secundarios y el inicio del nivel terciario.

Así, indican funcionarios que trabajaron en el plan, las empresas necesitadas de personal tendría reducciones de las cargas patronales por un año, 9 meses de subsidio estatal para el pago de salarios y un monto extra para que el personal contratado realice capacitaciones. A cambio las firmas interesadas no tendrán que haber despedido personal, y deberán pagar del resto del salario hasta alcanzar al menos los de la categoría correspondiente. También abonar los incrementos salariales surgidos en paritarias del sector.

En tanto, los candidatos tendrán como requisito haber completado la escuela media y contar con el título secundario. Además, de estar inscriptos en los programas de capacitación e inserción laboral, a través de las oficinas públicas de empleo que existen en todo el país.

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A ese proyecto se suman otros tendientes a reconvertir los llamados planes sociales en oportunidades de inserción laboral. Si bien el Ejecutivo puso en marcha a principios de año el Potenciar Trabajo, por el que se paga la mitad del salario mínimo a un millón de personas a cambio de cuatro horas de prestación laboral, tanto en la Casa Rosada como en el Congreso surgen iniciativas para que la asistencia estatal sea reemplazada por empleo.

Sobre ese punto se habló el viernes en el Foro de la economía social y popular, del que participaron los ministros Daniel Arroyo, Matías Kulfas y Martín Guzmán, con dirigentes de cooperativas de trabajo; empresas recuperadas; recicladores, trabajadores de la tierra y organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa, el movimiento Evita o Barrios de Pie, entre otros. Allí se puso el foco en transformar programas sociales en trabajo.

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