La nueva redacción establece que todas esas personas, sin excepción, tienen derecho a brindar su aprobación.
Recientemente sancionada, una ley busca poner un freno a las esterilizaciones sin consentimiento a personas con discapacidad en Argentina.
Según la ex diputada nacional e integrante de la comisión directiva de la Red de Personas con Discapacidad (REDI), Gabriela Troiano: “Con esta ley, Argentina es el primer país latinoamericano en prohibir específicamente las esterilizaciones forzadas de personas con discapacidad (PCD)”.
“Es un avance histórico para la concreción de los derechos sexuales y reproductivos de las PCD, porque implica adecuar la normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional”, aportó Elsa Schvartzman de la asociación FUSA.
Es que hasta la reforma aprobada el pasado 9 de diciembre, la Ley 26.130 permitía que las PCD fueran sometidas a ligaduras de trompas o vasectomías sin su autorización, a pedido de sus familias o representantes legales lo que según las organizaciones de derechos humanos que impulsaron los cambios, “resultaba violatoria de su derecho a la salud, a la igualdad y no discriminación y a una vida libre de violencia basada en género”.
La nueva redacción establece que todas esas personas, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para estas intervenciones, a recibir información en formatos accesibles (lengua de señas, sistema Braille, lenguaje claro, entre otros), a acceder a los apoyos que les permitan consentir en forma autónoma, y a que se adopten salvaguardias para evitar la sustitución en la toma de decisiones.
La modificación de esta norma ya había sido recomendada en 2012 por el Comité de la ONU que supervisa la aplicación de la Convención de las PCD, que en su último informe sobre Argentina manifestó “su preocupación por la existencia de prácticas de esterilización sin su consentimiento libre e informado”.
Es que en virtud de este tratado internacional con jerarquía constitucional, los Estados deben asegurar que estas personas mantengan su fertilidad y puedan decidir libremente el número de hijos e hijas que quieren tener.
A partir de esta recomendación, Troiano presentó en 2016 el primer proyecto de ley para modificar la Ley 26130.