El Gobierno pondrá la mirada sobre las cooperativas, un sector que entra en auge junto con cada crisis económica, con el objetivo de impulsar una mayor formalización de sus asociados. Con la salida de la pandemia la administración de Alberto apuntará a crear un registro exhaustivo de cooperativistas mediante herramientas de control fiscal y en paralelo instrumentará un mecanismo para facilitarles la cobertura de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).
Se trata de medidas en elaboración por parte de la AFIP y el Ministerio de Trabajo que tienen en común el propósito de asimilar a esos asociados al mundo laboral registrado. Buena parte de esos trabajadores se incorporaron a cooperativas a raíz de las sucesivas crisis de la Argentina: en los 90, con el ejército de desocupados que dejó la ola privatizadora de Carlos Menem; en 2001, con los asalariados que fueron víctimas de cierres de firmas y dieron fuerza al movimiento de empresas recuperadas, y con la pandemia de 2020 que disparó un nuevo boom del asociativismo.
En el caso de la AFIP, el organismo trabaja junto con la cartera laboral en la creación de una nueva herramienta de registración similar al formulario 931, la declaración jurada de los empleadores cuando dan de alta a un nuevo asalariado. Más allá del afán recaudatorio, en el Ejecutivo explicaron que eso permitirá el diseño de nuevas políticas enfocadas en la regularización de la actividad. Los funcionarios consultados dijeron que no hay mayores datos sobre la cantidad real de asociados a esta modalidad y que esa contabilidad es propia de cada entidad.
En paralelo, la cartera que encabeza Claudio Moroni prepara un proyecto de decreto para la incorporación de los cooperativistas en la ley de riesgos del trabajo (LRT) para facilitarles una cobertura similar a la de los trabajadores en relación de dependencia. El objetivo, dicen cerca del ministro, es que la medida tenga carácter voluntario para contemplar la situación de cooperativas de trabajo y mutuales sin capacidad para afrontar las cápitas de las compañías de seguros pero al menos avanzar en esa línea respecto de las más sólidas.
Hasta ahora los asociados a cooperativas y mutuales tienen vedado el acceso a la cobertura de las ART por estar planteado el sistema sólo para trabajadores formalizados. El decreto en elaboración, de apenas tres artículos, flexibilizará los requisitos para la incorporación a ese sistema. La reglamentación está a cargo de la cartera laboral junto con las superintendencias de Riesgos del Trabajo (SRT) y de Seguros.
Según el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en la Argentina hay más de 8 mil cooperativas y 3 mil mutuales que cuentan con millones de asociados con diferentes niveles de involucramiento. Los rubros de alcance de esta modalidad son tan amplios como la educación, los servicios médicos y sociales, la provisión de energía, la prestación de datos móviles e internet y hasta empresas recuperadas.
En medio de la pandemia del coronavirus más de 800 entidades radicaron trámites para integrarse al sistema asociativo, en su mayoría a cooperativas de trabajo. En ese lapso y hasta septiembre se autorizó la creación de 335 cooperativas.