El veto presidencial se fundamentó en razones fiscales.
El Gobierno argumentó que aplicar la reforma afectaría la estabilidad económica del país. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la reforma significaba un gasto extra del 0,45% del PBI anual.
Sin embargo, desde la Presidencia se estimó que la implementación de esta ley representaría un gasto de 1,2% del PBI, lo que obligaría al Estado a endeudarse.
Milei justificó el veto asegurando que la ley pondría en peligro el equilibrio fiscal y generaría una carga de deuda para las futuras generaciones de argentinos.
¿Qué significa el veto a la reforma jubilatoria?
El veto significa que no se implementarán las mejoras adicionales propuestas por la reforma. En lugar de eso, seguirá en vigencia el sistema de actualización mensual por inflación, tal como lo estableció el Decreto 274/2024. Esto implica que no habrá un aumento extra del 8,1%, y los jubilados seguirán recibiendo aumentos basados únicamente en el IPC.
Actualmente, el haber mínimo de los jubilados se sitúa en $234.540, con un bono de $70.000 que lleva el total a $304.540. Aunque en octubre se espera un nuevo aumento del 4,2% por la inflación de agosto, los haberes seguirán estando por debajo de lo que proponía la ley vetada.