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Organizaciones sociales marchan a Tribunales en rechazo al DNU firmado por el presidente Milei

La CGT, las dos CTA, la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y partidos de izquierda marcharán hoy hacia Tribunales en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que desregula la economía y deroga múltiples leyes, algunas de ellas laborales, y realizarán unas presentaciones judiciales contra esa medida.

La CGT expresó en los últimos días su rechazo al DNU, convocó a esta manifestación y llamó para mañana a una reunión del Comité Central Confederal para definir un plan de lucha que podría incluir una huelga nacional de 24 horas de duración.

Junto a la CGT también se movilizarán la Central de Trabajadores de Argentina (CTA-T), la Autónoma (CTA-A) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que al reclamo de inconstitucionalidad del DNU firmado por Milei le sumó el repudio a la disposición oficial de despedir a 7.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional, oficializada ayer por medio de otro decreto publicado en el Boletín Oficial.

A esas organizaciones se sumará también el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) que resolvió “convocar a movilizar junto a la CGT, las CTA y la UTEP para enfrentar en unidad el mega DNU de Javier Milei” y “en defensa del derecho a huelga y de todos los derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional”.

También anunciaron que macharán a Tribunales la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Polo Obrero y la Unidad Piquetera.

Las comisiones internas y los trabajadores de los medios públicos también expresaron -a través de sus redes sociales- su rechazo al DNU, rechazaron la “privatización” de esos medios, “la eliminación de derechos laborales conquistados y la supresión de derechos sindicales amparados por la Constitución nacional”.

El triunviro argumentaron que la reforma laboral que pretendía Milei no abarcaba derechos adquiridos, sin embargo, pegó de lleno el modelo sindical vigente. Puntualmente, en los aportes que realizan los afiliados y no afiliados (cuotas solidarias). 

El documento gubernamental dice que solo podrán hacerse “sólo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”. Además del límite a los convenios colectivos de trabajo.

En el comunicado de la semana pasada, la CGT advirtió que el Gobierno “ha decidido subvertir el orden constitucional al pretender legislar arrogándose la suma del poder público y, al igual que hizo en su discurso de asunción, dar la espalda al Congreso de la Nación”.