La medida fue oficializada a través de la Resolución 12/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Comercio e Industria de la Nación, Pablo Agustín Lavigne.
El gobierno de Javier Milei avanzó este martes con una nueva etapa de su política de desregulación económica al derogar 16 resoluciones y disposiciones que regulaban diversas actividades comerciales, industriales y productivas en el país. La medida fue oficializada a través de la Resolución 12/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Comercio e Industria de la Nación, Pablo Agustín Lavigne.
Según argumentó la administración libertaria, las normas eliminadas habían quedado desactualizadas o habían perdido vigencia práctica, por lo que su permanencia contribuía a generar burocracia, superposición de regulaciones e inseguridad jurídica.
La decisión forma parte del plan impulsado por el Gobierno para reducir la intervención estatal en la economía y simplificar el marco regulatorio vigente. Sin embargo, algunos de los cambios generan interrogantes debido a que involucran mecanismos de control y supervisión que impactaban de manera directa en los consumidores.
Entre las medidas más relevantes figura la eliminación de la obligación que tenían los establecimientos educativos privados de solicitar autorización estatal antes de aplicar aumentos en las cuotas escolares. A partir de ahora, las instituciones podrán definir esos incrementos sin la necesidad de una aprobación previa por parte de las autoridades.
El paquete de derogaciones también alcanza normas vinculadas al control de precios de determinados productos, requisitos de información para la comercialización de bienes, programas de fomento al consumo y procedimientos administrativos relacionados con la importación de mercaderías.
Asimismo, fueron eliminadas resoluciones asociadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, una herramienta creada para intervenir en el mercado y moderar el impacto de las fluctuaciones internacionales sobre el precio interno de la harina y sus derivados.
Desde el Gobierno sostuvieron que la proliferación de regulaciones durante los últimos años derivó en un entramado normativo complejo, con disposiciones superpuestas y, en muchos casos, incompatibles entre sí.
En los fundamentos de la resolución se señala que la acumulación de normas generó incertidumbre respecto de cuáles continúan vigentes, situación que, según la administración nacional, afecta el normal desenvolvimiento de la actividad económica y limita las libertades individuales.
“La proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas, generando una incertidumbre de cuáles son las vigentes”, sostiene el texto oficial.
Además, el Ejecutivo argumentó que la iniciativa apunta a ordenar el sistema jurídico mediante la eliminación de regulaciones que perdieron coherencia, vigencia práctica o compatibilidad con los principios constitucionales, al tiempo que busca reducir cargas burocráticas y dejar sin efecto disposiciones vinculadas a organismos que ya no se encuentran en funcionamiento.
La medida se inscribe dentro del programa de reformas que impulsa el presidente Milei desde el inicio de su gestión, con el objetivo de disminuir la intervención estatal en la economía y otorgar mayor margen de acción al sector privado. No obstante, algunas de las derogaciones ya generan debate por el impacto que podrían tener sobre los mecanismos de control y protección de los consumidores, detalla el portal de Minuto Uno.