El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado titulado “las decisiones judiciales deben ser acatadas”. Allí advierte que “en vez de acatar la decisión y ver de qué modo ejecutarla, el Presidente de la Nación, junto con un grupo de gobernadores provinciales” anunció que “recusará a sus miembros y deducirá un recurso para intentar modificar la sentencia”.
La decisión del Gobierno nacional de incumplir el fallo de la Corte Suprema que lo obliga a frenar la quita de fondos que impuso sobre la Ciudad de Buenos Aires motivó este fin de semana nuevas expresiones de malestar y rechazo.
“Como regla general, las sentencias de la Corte Suprema son inapelables, inmodificables a menos que excepcionalmente se haya incurrido en algún error material.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo que la presentación del Gobierno no implica la desobediencia del fallo. “El recurso de recusación o revocatoria in extremis anunciado por el Gobierno busca garantizar la doble instancia. Es un instrumento procesal, un recurso creado por jurisprudencia de la propia Corte; quien interpone un recurso no comete un delito ni desconoce un fallo. Ahora, una vez que la Corte resuelva estas condiciones, el fallo se debe cumplir. Pero la presentación del recurso o la recusación no implican ni un alzamiento ni un golpe”, diferenció.
En cambio, para la abogada Marcela Basterra, también experta en derecho constitucional, es procedente un juicio político contra el Presidente por mal desempeño. ”El incumplimiento de un fallo de la CSJN reviste gravedad institucional y por lo tanto la decisión de no cumplirlo padece de una fuerte presunción de inconstitucionalidad, por lo que podría proceder el juicio político. Se configura la causal de mal desempeño y/o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones. Los fallos de la Corte deben cumplirse, más allá del acierto de los mismos”, dijo a LA NACIÓN.