Los más de 40 países, incluyendo a Argentina, que impulsan en la Organización Mundial de la Salud (OMS) un mecanismo de licencias voluntarias para compartir conocimientos y tecnología contra el coronavirus relanzaron la iniciativa al afirmar que “garantizar el acceso a las vacunas es esencial para terminar con la pandemia”.

Este sábado se cumple un año del nacimiento del Acceso Mancomunado a la Tecnología (conocido como C-TAP), un instrumento pensado principalmente para que los laboratorios compartan voluntariamente la propiedad intelectual y otros datos de los fármacos para diagnosticar y tratar la Covid-19.

El instrumento tuvo un gran impulso por parte de Costa Rica, es copatrocinado por más de 40 países, entre ellos Argentina, y si bien más naciones se sumaron en este lapso como el caso de España, todavía es rechazado por los grandes laboratorios que producen las vacunas que se administran masivamente a nivel mundial.

“Estamos dejando la puerta abierta para que las empresas farmacéuticas que son muy conocidas puedan entrar ya que muy pocos hogares se beneficiaron de las herramientas que elaboraron”, apuntó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la conferencia de prensa para marcar el primer aniversario del C-TAP.

“Hoy controlan la propiedad intelectual que socava la salud, la economía y la seguridad nacional. Con las políticas y los incentivos correctos podremos contar con su participación”, añadió.

Sin dar nombres ni detalles, la agencia sanitaria informó que está en “negociaciones avanzadas” para que se sumen al C-TAP cinco fabricantes de diagnósticos para el coronavirus y “está iniciando conversaciones” con dos productores de vacunas “que podrían compartir su tecnología”.
Este mecanismo se basa en licencias voluntarias a cambio de un canon, a diferencia del que con lentos avances está en debate en la Organización Mundial del Comercio (OMC), que propone levantar temporalmente la propiedad intelectual de todas las vacunas contra el coronavirus.

En el C-TAP los titulares de derechos de propiedad intelectual y otras formas de conocimiento para fabricar test o inmunizantes los aportan voluntariamente en un repositorio común al que acceden otras empresas que tienen la capacidad de fabricarlo, con el objetivo de multiplicar la producción, mejorar la oferta y terminar con la actual inequidad.