Dra. María Pía Danielsen – jueza de Control y Garantías

En abril del 2018 se produjo la adhesión de la provincia de Santiago del Estero a la Ley Nº 7252, lo que permitió a la Justicia provincial tomar intervención en casos vinculados a los delitos de comercio y tenencia ilegal de estupefacientes en pequeña escala, dejando el tráfico, incluido el transporte, la financiación y el almacenamiento al fuero federal. Este proceso se inició a partir del crecimiento de la actividad comercial de estas sustancias ilegales en todo el territorio de la Argentina, en las provincias y en pequeñas localidades del interior, lo que generó la necesidad de una actividad de investigación más ágil, con una jurisdicción más cercana al lugar de desarrollo de los ilícitos. Todo ello conlleva el beneficio de utilizar recursos propios de la jurisdicción provincial y la inmediatez de la realización de procedimientos policiales con numerarios de la Policía de la Provincia, permitiendo así, descomprimir el sistema federal. Al respecto, la jueza de Control y Garantías, Dra. María Pía Danielsen explicó que “desde la desfederalización del narcomenudeo, la Justicia Provincial penal tiene competencia para intervenir en el proceso de investigación y juzgamiento de personas vinculadas al
expendio y venta de sustancias prohibidas al menudeo, al consumidor”. “De esta manera, Jueces de Control y Garantías, Jueces del Tribunal Oral en lo Penal de la provincia y como última instancia el Superior Tribunal de Justicia, comenzaron a intervenir en los procesos judiciales vinculados al tema; materia específica que resulta de la venta al menudeo de estupefacientes, ya sea bajo modalidad “kioscos” o “delivery” de sustancias prohibidas”. Por otra parte, “se destaca que la actividad ilegítima ha mostrado crecimiento, sobre todo bajo modalidad `delivery´, en tiempos de pandemia”, acotó. “De esta forma, el nuevo sistema permitió identifica la actividad del menudeo en el territorio provincial, mediante la realización de tareas investigativas policiales coordinadas con los fiscales y por ende, la realización de procedimientos exitosos en cuanto al desbaratamiento del comercio al menudeo de sustancias, modalidad que se caracteriza por el modo en que son halladas las mismas, de manera fraccionada, en dosis bajas, envueltas en nailon o papelillos. En los lugares de venta de estupefacientes se suelen encontrar balanzas de precisión, billetes de baja denominación, como consecuencia del intercambio, advirtiéndose con todo ello la ultrafinalidad del tráfico, que es el ánimo de lucro”, explicó. En este marco, la magistrada manifestó que observa un pronóstico favorable respecto a la forma en como se viene trabajando, en relación con los casos abordados, proceso que hizo necesario el desarrollo de múltiples capacitaciones que permitieron tanto a funcionarios, magistrados y agentes policiales, tomar conocimiento y experiencia respecto a la complejidad de estos delitos y sus características, generado herramientas de gran utilidad a la hora de la praxis policial y judicial. “Este proceso de desfederalización y su implementación hasta la fecha, conlleva aspectos positivos, uno de ellos tiene que ver con la probabilidad de que la investigación pueda detectar y oportunamente, con intervención judicial, proceder a desarticular de forma más inmediata los centros de venta, denominados en la jerga popular como “kioscos”, así como también intervenir en los casos en los que estas sustancias son transportados en motos o vehículos en la modalidad “delivery”, y esto es posible por el conocimiento del campo, del desarrollo urbano de la ciudad, del trazado individual de pequeñas localidades y sobre todo la posibilidad cercana de acceder a los espacios específicos donde se llevan a cabo estas actividades ilícitas”.