La iniciativa fue aprobada luego de un intenso debate de ocho horas, que terminó con 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención.
La Cámara de Senadores convirtió en ley esta madrugada, el proyecto solidario y social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública que contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
La iniciativa fue aprobada luego de un intenso debate de ocho horas, que terminó con 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención. Además, de 65 senadores presentes, 33 hicieron uso de la palabra.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y que ayer a la mañana fue sancionado por la Cámara de Diputados, recibió el apoyo de la bancada del Frente de Todos y de sus aliados, como Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), pero también del santafecino Carlos Reutemann integrante del interbloque Juntos por el Cambio como representante del bloque Santa Fe Federal.
En contra lo hizo el resto del interbloque de Juntos por el Cambio, en tanto que la riojana María Vega, quien hoy juró como reemplazante de la radical Olga Brizuela y Doria (electa intendenta de La Rioja), se abstuvo.
El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.
Los principales ejes son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones), como así también, la suspensión de la movilidad jubilatoria.
Por otra parte, en la ley se crea un nuevo impuesto, denominado País (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que regirá por cinco años. Se trata de un tributo del 30% para la compra de dólares para atesoramiento, compras en el exterior, compra de servicios que operen en el exterior y compra de pasajes al exterior.
De este gravamen, el 70% será destinado a la seguridad social y el 30% a obras de infraestructura. Cabe aclarar que se excluirán del alcance del impuesto País las transacciones efectuadas con anterioridad a la ley.
Según una reforma introducida en el debate en Diputados, se exceptuó del nuevo impuesto al transporte internacional tanto aéreo como terrestre y acuático, que sea abonado en pesos y que no tenga impacto cambiario.