Sostienen que el comprador entregó los U$S 15.000 (más de $ 6.000.000) y jamás llegaron al real propietario de la casa. La “escritura” delató la maniobra. Diversos informes, en espera.
Una pareja, propietaria de una inmobiliaria, fue imputada en esta capital, sindicada de vender una vivienda en U$S 15.000 del Bº Smata y retener la abultada cifra, pese a que su genuino propietario jamás autorizó la operación.
De acuerdo con un proceso que lleva adelante el fiscal Martín Silva, la operación fue realizada en el ocaso del 2022 por casi $ 6.000.000 y el comprador engañado fue el inquilino con más de dos años en el mismo inmueble.
Según la presentación del querellante, Marcelo Castillo Gioya, la víctima es un hombre de apellido Rodríguez, quien solo se relacionaba con los dueños de la inmobiliaria, de apellidos Gay y Nasif, a quienes la Fiscalía les atribuye cargos por “defraudación por retención indebida de fondos y desbaratamiento de derechos acordados”.
Pena en expectativa
La figura tiene una pena en expectativa de seis años de prisión, lo cual torna sombrío el futuro de las dos personas, en especial en caso de arribar a juicio oral y público.
Siempre sobre la base de la denuncia de Rodríguez, Gay lo llamó por teléfono en el 2022. “Tenemos la casa que necesitas. Te haremos precio en U$S 15.000; hay otras ofertas, pero deseamos cerrar el negocio contigo”, le habría manifestado. En efecto, Rodríguez juzgó que era momento de adquirir una casa.
En menos de 45 días reunió el dinero y pagó los U$S 15.000 de contado. A cambio, le dieron un recibo y la promesa de que en menos de tres meses recibiría la escritura.
Transcurrieron los 90 días y nada de la escritura. El flamante comprador empezó a incomodarse por lo dilatada de la operación y resolvió buscar al vendedor de la casa.
Reunión clave
“¿Qué? Nunca pedí que me vendieran la casa”, habría subrayado el teórico vendedor del inmueble. Ello dejó descolocado al comprador, quien al instante advirtió que habría sido víctima de una presunta estafa.
Llamó por celular a los propietarios de la inmobiliaria, pero sin encontrar respuestas que lo calmaran. Así, fue a la Fiscalía e interpuso una denuncia, acuciado por el tiempo transcurrido y, con ello, escaso optimismo en que recuperar el dinero invertido.
Con los elementos de prueba, el fiscal Martín Silva habría imputado ya a la pareja vendedora y las habría indagado, pero sin que fuesen deslizadas sendas versiones, según fuentes de Tribunales.
A la vez, el proceso deja entrever que aún restaría un informe de la Cámara Inmobiliaria de Santiago del Estero, una pericia documentológica, más al recibo que llevaría la firma de los U$S 15.000, más de $ 6.000.000, efectivizados y la confección de informes telefónicos.