También su hermano y su padre. Cada uno fue embargado por $ 10 millones. Se trata de una megacausa de la Justicia Federal de Tucumán.
El Juez Federal Nº 2 de Tucumán, Fernando Poviña, dictó numerosos procesamientos por corrupción en una causa por sobreprecios en la Universidad Nacional de Tucumán.
Fueron procesados 22 empresarios de la construcción, el ex rector de la UNT Juan Cerisola; Olga Cudmani, ex directora de Construcciones Universitarias; y Osvaldo Venturino, ex director de Contrataciones Universitarias.
Se los procesó por el delito de estafa al Estado Nacional y se ordenaron embargos por más de 200 millones de pesos.
Dentro de los empresarios de la construcción procesados figura Gerardo Héctor Preatonio, domiciliado en Frías.
Éste, con su hermano Martín Preatonio y su padre, Héctor Fidel Preatonio (estos dos últimos domiciliados en Capital Federal), integran la empresa familiar Mitsuito S.R.L. que habría cobrado una obra con sobreprecio a la casa de altos estudios, según la acusación fiscal.
En el fallo se hace mención a la imputación fiscal contra Héctor Fidel Preatonio y sus hijos de “haber, presuntamente, percibido sobreprecios en la realización de la obra Nº 519, con la presunta anuencia y/o participación de las autoridades administrativas de la Universidad Nacional de Tucumán, entre ellos, Juan Alberto Cerisola, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino”.
Por ello, el Ministerio Público Fiscal les endilgó “el hecho de haber presuntamente, en su carácter de representantes de la empresa Mitsuito S.R.L., el haber cobrado $ 8.132.891,23, por la ejecución de la Obra N° 519 “Remodelación y Refuncionalización Casa N° 8 San Javier”, mientras que el valor real de la obra con todas sus modificaciones, conforme lo informado por Gendarmería Nacional fue de $ 3.051.644,99”.
“Todo ello ocasionando un perjuicio a la Administración Pública, U.N.T., que resulta de la diferencia entre los montos antes mencionados”, añadió el MPF. En su defensa, Gerardo Héctor Preatonio negó el hecho imputado.
Explicó que sí era integrante de la empresa Mitsuito S.R.L., pero que no estaba a cargo de la actividad de la construcción, ya que estaba al frente de otra empresa comercial por él fundada.
Sin embargo, el juez Poviña tras analizar las pruebas y testimonios, ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de Gerardo Héctor Preatonio, Héctor Fidel Preatonio y Alejandro Martín Preatonio, “por considerarlos prima facie partícipes necesarios (art. 45 del C.P.), penalmente responsables del delito previsto y penado por el art. 174 inc. 5º en orden al art. 173 inc. 7º del Código Penal (administración fraudulenta contra la administración pública), toda vez que percibieron un sobreprecio en la realización de las obra Nº 519”.
Además, les trabó embargo sobre bienes suficientes de propiedad de los tres empresarios, por la suma de $ 10 millones, “respecto de cada una ellos, para garantizar la pena pecuniaria, las costas procesales y responsabilidades civiles”. Apelación Los procesados apelaron el fallo del juez Poviña y el planteo ahora debe ser resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Fuentes judiciales indicaron que esta resolución de Poviña, conforma una segunda parte de una investigación compleja, ya que la primera etapa que tiene como principal acusado al exrector de la UNT, Juan Cerisola, está elevada a juicio. Agregaron que se espera que la Cámara Federal de Casación Penal designe dos jueces de cámara para terminar de integrar el tribunal que lleve adelante las audiencias.
Una auditoría fue clave para desenmarañar las maniobras
En la causa que se inició en 2016 y que actualmente se tramita en el Tribunal Oral Federal, se busca esclarecer las responsabilidades penales de los representantes de las empresas que contrataron con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), por presuntos sobreprecios que acarrearon perjuicios para el erario público. La Justicia ordenó una auditoría en la Dirección de Construcciones Universitarias, con el objeto que determine si en la ejecución de los trabajos incluidos en el Plan de Obras 2006 -2009, “se produjeron anomalías generadas por las empresas contratistas tales como cartelización de precios, pagos irregulares, pagos anticipados sin autorización, desvío de fondos, incumplimiento del proyecto de obra, facturación apócrifa, así como también cualquier circunstancia o hecho delictual que acredite un detrimento al erario de la Casa de Altos Estudios”.