La presidenta Provisional, senadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, encabezó esta tarde parte de la sesión en la que el Senado de la Nación dio media sanción a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y convirtió en ley el convenio de transferencia de facultades en materia de seguridad no federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los cambios introducidos a la Ley de Movilidad Jubilatoria buscan mantener y mejorar el valor real de las prestaciones y toman a los salarios como uno de los principales factores para la determinación del incremento periódico, ya que la vinculación entre la evolución de haberes jubilatorios y salarios fortalece la concepción de la seguridad social como sistema justo y solidario, estrechamente articulado al mundo del trabajo.
La ley establece que el índice de actualización trimestral estará conformado en un 50% en base a salarios, a través del índice RIPTE, y en un 50% en base a la recaudación tributaria de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En ningún caso la aplicación del nuevo índice, que se hará efectiva a partir del 1 de marzo de 2021, podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria, y la ANSES deberá elaborar y publicar el índice trimestral de movilidad. Asimismo, el Senado estableció que el aumento del 5% otorgado recientemente se sumará al incremento correspondiente a marzo de 2021.
Además, la Cámara Alta aprobó las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados al Convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripto en 2016 y cuyo texto había obtenido media sanción del Senado el pasado 2 de octubre.
Las modificaciones introducidas establecen que, en un plazo de 60 días a partir de la sanción de esta ley, el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acordarán el gasto anual que demanda la transferencia y su mecanismo de actualización trimestral, y que la Comisión Federal de Impuestos (CFI), integrada por todas las provincias, emitirá opinión técnica al respecto.
Finalmente, y como se realiza todos los años, la Cámara Alta aprobó la autorización al Presidente de la Nación para ausentarse del país durante 2021, cuando razones de gobierno así lo requieran.