Uno de los puntos más cuestionados por las provincias, como el de las retenciones, finalmente se mantendría aunque con modificaciones.
El Gobierno, el oficialismo y el grueso de los diputados de los bloques de oposición dialoguista concretaron esta madrugada en una reunión plenaria de comisiones una señal política de apoyo a la nueva gestión con la firma de un dictamen de mayoría –con disidencias- sobre el megaproyecto de ley impulsado por el presidente Javier Milei. El debate se estiró mientras los libertarios buscaban conseguir las firmas de sus aliados en la iniciativa.
La redacción del dictamen se negoció entre representantes de la Casa Rosada -con Santiago Caputo a la cabeza- y los sectores dialoguistas en el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara baja. Por eso aún no se conocía el texto final del proyecto y había quejas de los diputados en el plenario de las comisiones.
Los opositores dialoguistas, si bien lograron sonsacarle al oficialismo varias modificaciones, mantenían fuertes reparos sobre de algunos puntos claves, entre ellos la suba de retenciones y la movilidad jubilatoria.
Las diferencias explican que, durante el plenario de comisiones, la mayoría de los dialoguistas -Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal- decidieran suscribir el dictamen oficialista, pero con disidencias. En tanto que el bloque peronista de UxP y el Frente de Izquierda-Unidad rechazaron el proyecto, al igual que la Coalición Cívica.
La letra final recién se conocería una vez finalizada la sesión del jueves. “Habrá negociaciones hasta último momento, incluso durante la sesión en el recinto. Si persisten los desacuerdos la cuestión se definirá en la votación en particular de cada uno de los artículos”, indicaron los dialoguistas. A manera de anticipo, un grupo de diputados “rebeldes” que pertenecen a la UCR y a Hacemos Coalición Federal decidió no firmar el dictamen oficialista: Coalición Cívica –Margarita Stolbizer y Mónica Fein- y radicales, con Manes a la cabeza.
Ley ómnibus: los 6 cambios que aceptó el Gobierno
En primer lugar, los mandatarios provinciales consiguieron que el Poder Ejecutivo se comprometa al “cumplimiento estricto de la disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la CABA”, sobre la cuestión de los fondos coparticipables que deber restituir al gobierno porteño por la quita indiscriminada en la gestión Fernández. Además, también requirieron la modificación del segundo párrafo del Artículo 164° del proyecto de ley “Bases”, para que el blanqueo, que no tenía asignación específica, pase a ser coparticipable.
“En el texto se destaca que las provincias atraviesan una desafiante situación fiscal y financiera, que se agravará por el recorte en las transferencias federales de carácter no automático (estimado en 0.5% del PBI), el impacto de la suba del tipo de cambio sobre los servicios de intereses en moneda extranjera y la pérdida de recursos coparticipables derivada de la implementación de la Ley 27.725, que implicará una pérdida anual para las 24 jurisdicciones de $1.69 billones en base a las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso”, indicaron desde JxC.
Como tercer punto, se consiguió que no se eliminen el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), que tiene por objetivo asistir financieramente a las provincias, el Estado Nacional y CABA; así como el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), que asiste en programas de desarrollo y fortalecimiento de sectores de la economía real.
En cuarto lugar, los mandatarios exigieron sustituir el artículo 10 de la Ley N° 26.075, con el objetivo que sea el Consejo Federal de Educación quien acuerde el salario mínimo docente junto con la representación nacional de los gremios docentes y las entidades educativas. Por otro lado, propusieron la transferencia de los activos del FGS de Anses al Tesoro Nacional y facultar al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de la misma.
“El traspaso se haría compensando las deudas de las provincias con el FGS y garantizando los flujos que permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas de las provincias que aún no lo hicieron, entre las que se encuentran Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe”.
Por último, los gobernadores pidieron la eliminación del Artículo 182°, que establecía que las tarjetas de débito y crédito pueden realizar retenciones impositivas a sus clientes cuando así lo dispongan las autoridades tributarias nacionales o locales competentes.