El Ministerio de Salud oficializó la medida en el Boletín Oficial tras la puesta en marcha de la reforma migratoria. La atención de emergencia continuará siendo gratuita y garantizada para todos los casos.
El Gobierno nacional reglamentó este martes el cobro de la atención médica a extranjeros no residentes en los establecimientos de salud bajo órbita del Estado nacional. La medida, dictada por el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones, fue publicada en el Boletín Oficial y pone en funcionamiento una disposición fijada en el DNU 366/2025 de la reforma migratoria.
A partir de la entrada en vigencia de la norma, los hospitales nacionales aplicarán el cobro mediante dos vías principales: en caso de que el paciente cuente con seguro de salud, el costo del servicio se derivará directamente a la compañía aseguradora; si carece de cobertura, deberá abonar la prestación de manera previa a la atención.
La resolución aclara que las situaciones de emergencia médica no serán denegadas ni postergadas por cuestiones administrativas o migratorias. Pacientes con cuadros de riesgo cierto e inminente para la vida —como infartos, accidentes cerebrovasculares (ACV), traumatismos severos, hemorragias masivas o urgencias pediátricas, obstétricas y neonatales— recibirán atención gratuita e inmediata. No obstante, los tratamientos posteriores a la estabilización del cuadro sí quedarán sujetos a facturación.
Por otra parte, la reglamentación no altera el régimen prestacional para extranjeros que acrediten residencia permanente o temporaria en el país. Este grupo mantendrá el acceso al sistema público de salud en las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos, mediante la presentación del DNI.
Desde la cartera de Salud precisaron que la iniciativa procura unificar el procedimiento de recupero de costos en todos los hospitales bajo jurisdicción nacional, mientras que la logística de implementación quedará supeditada a las autoridades de cada centro asistencial. El anuncio se enmarca en las recientes modificaciones a la política migratoria y el endurecimiento de controles impulsados por el Ejecutivo.