El Gobierno ajusta la definición de nuevas ayudas económicas que refuercen la asistencia a los sectores sociales más vulnerados por la segunda ola de coronavirus. La intención es que en los próximos días se difundan algunas de las opciones elegidas de una carta en la que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) parece estar descartado de manera definitiva.
Incluso algunas fuentes oficiales indicaban que las novedades comenzarán a develarse en los primeros días de esta semana y en la previa a que se defina cómo sigue la estrategia sanitaria tras el vencimiento del DNU que rige hasta el viernes. El monitoreo de la situación sanitaria se complementa con el análisis diario de su impacto económico social, que se tensa a medida que se extienden las restricciones a la circulación en un intento por contener los contagios y con la inflación que no da tregua, sobre todo en los alimentos.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, planteó en las últimas horas que están en evaluación distintas alternativas al IFE, la asistencia de $10.000 que el año pasado llegó a 9 millones de personas. De ese universo, “tres millones volvieron a la actividad, otros 3 tienen dificultades y otros 3 están con muchas dificultades”, aseguró el funcionario.
“Está claro que a más frío hay más dificultades con el coronavirus. Está claro que estamos en una situación crítica en materia social”, planteó Arroyo en varias oportunidades durante la última semana.
En la última reunión de gabinete económico, el miércoles pasado, se hizo un repaso de las medidas de asistencia en evaluación. Al término de ese encuentro, se reforzó que el gasto público para asistir a familias y empresas ya comprometido asciende a $480.000 millones, el equivalente a 1,3% del PBI. Mientras, en su informe ante el Senado, el propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, admitió que está en análisis ampliar la ayuda económica a las personas más vulneradas, así como a los sectores productivos más afectados por la pandemia. Entre las medidas que se estudian figuran la puesta en marcha de una nueva ronda de refuerzo de $15.000 para los beneficiarios de la AUH y los monotributistas de las escalas más bajas que cobran asignaciones familiares.
También están en proceso programas de promoción de empleo: uno para jóvenes de entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan. El foco está puesto en aquellos que estaban incluidos en la AUH y dejaron de percibir la asistencia al cumplir la mayoría de edad.
Por el otro, el Gobierno busca promover la creación de puestos laborales en el sector privado y en todas las provincias.
Un nuevo refuerzo de la tarjeta Alimentar y la reducción del IVA para las compras con ese plástico de carne, lácteos y verduras es otras de las ayudas directas en evaluación. Respecto de los jóvenes de 18 a 24 años, se sabe que más de un millón y medio de jóvenes no estudian ni trabajan. Por eso, la principal preocupación tiene que ver con aquellos que al cumplir la mayoría de edad quedan sin protección social.

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