La estrategia oficial combina intervenciones en el mercado cambiario, manejo de la liquidez en pesos y operaciones financieras. El objetivo es sostener el tipo de cambio, controlar las tasas y, al mismo tiempo, avanzar en la acumulación de reservas.
El Gobierno profundizó en los últimos días la coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central (BCRA) para intentar mantener bajo control al dólar, con especial atención a la zona de los $1.500.
La estrategia oficial busca atender tres frentes al mismo tiempo: evitar una aceleración del tipo de cambio, administrar las tasas de interés en pesos y continuar con la acumulación de reservas. Sin embargo, el esquema genera interrogantes entre los analistas por el delicado equilibrio que requiere para sostenerse.
Uno de los principales cambios se observa en el ritmo de compras de divisas del Banco Central. Durante julio, la autoridad monetaria adquirió en promedio unos US$103 millones diarios, mientras que en agosto ese ritmo se redujo a aproximadamente US$33 millones por jornada.
La menor participación compradora responde, entre otros factores, a la intención oficial de no generar una presión adicional sobre la cotización del dólar. El objetivo es evitar que el tipo de cambio se aleje del nivel de $1.500 que el Gobierno busca utilizar como referencia de corto plazo.
En ese sentido, un informe de la consultora 1816 señaló que la decisión oficial de tomar los $1.500 como un techo de corto plazo para el dólar también tuvo consecuencias sobre los activos argentinos. “La decisión de ‘marcar’ los $1500 como techo de corto plazo para el tipo de cambio también afectó la dinámica de la deuda en dólares”, sostuvo la firma, al remarcar que esos títulos tuvieron un desempeño negativo frente a otros mercados emergentes durante las últimas jornadas.
Además de regular su presencia en el mercado de cambios, el BCRA utiliza otras herramientas para contener las expectativas. Entre ellas aparecen las operaciones con dólar futuro y bonos vinculados a la evolución del tipo de cambio, mientras que también busca influir sobre las tasas de interés de corto plazo mediante el mercado de pases (Repo).
En paralelo, el Ministerio de Economía comenzó a tener una participación más activa en la administración de los pesos que circulan en el sistema financiero. El Tesoro interviene de manera puntual en el mercado cambiario, participa en las licitaciones de deuda y administra parte de la liquidez a través de depósitos en entidades bancarias.
Una muestra de esta política se produjo en la última licitación de deuda de julio, cuando Economía consiguió captar alrededor de $4 billones por encima de los vencimientos que debía afrontar.
Sin embargo, esos fondos no fueron transferidos inmediatamente al Banco Central. El Tesoro decidió mantenerlos depositados en cuentas bancarias, evitando retirar de manera brusca una cantidad importante de pesos del mercado.
La decisión apunta a administrar con mayor precisión la cantidad de dinero disponible y evitar movimientos que puedan generar tensiones tanto en las tasas como en el mercado cambiario.
La consultora Outlier advirtió que el esquema presenta una dificultad adicional por la falta de claridad sobre los objetivos que persigue el Gobierno en cada intervención. Según su análisis, “la complejidad del esquema tiene un costo directo: la opacidad genera confusión entre los propios operadores del mercado”.
La firma sostuvo que los participantes del mercado encuentran dificultades para determinar si las medidas apuntan principalmente a restringir la liquidez, elevar las tasas en pesos, sostener el tipo de cambio o cumplir con todos esos objetivos al mismo tiempo. Para Outlier, la falta de una comunicación precisa puede terminar afectando el funcionamiento del esquema.
A su turno, la consultora LCG destacó la importancia que tiene el tipo de cambio dentro del programa económico. “La administración del tipo de cambio es una de las herramientas fundamentales del Gobierno para apoyar el proceso de desinflación”, señaló.
La advertencia cobra relevancia luego del dato de inflación de julio, que mostró una variación del IPC del 2,1% y puso fin a tres meses consecutivos de desaceleración. En lo que va de 2026, los precios acumulan un incremento del 19,3%.
LCG planteó además que será necesario observar cómo responde el Gobierno si la inflación vuelve a mostrar resistencia a la baja. En ese escenario, la consultora consideró posible que el Ejecutivo profundice el uso del tipo de cambio como ancla, aunque advirtió que eso podría dejar en segundo plano otros objetivos vinculados con la recuperación de la actividad económica.
Por ahora, el equipo económico mantiene una estrategia coordinada entre el Tesoro y el Banco Central, con el dólar en torno a los $1.500 como uno de los principales focos de atención. El desafío será sostener ese equilibrio sin generar nuevas tensiones en las tasas, la liquidez y la acumulación de reservas.