El Gobierno apelará el fallo de la Cámara Nacional en lo Civil que avaló el cambio de domicilio de la AFA a la provincia de Buenos Aires y anuló la veeduría dispuesta por el Ministerio de Justicia sobre la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.
“Nosotros vamos a apelar”, expresan fuentes oficiales. En la Casa Rosada señalan que el nuevo titular de la IGJ es Alejandro Ramírez y remarcan que la decisión judicial golpea el esquema de fiscalización que el organismo había impulsado sobre la AFA, en medio de una ofensiva administrativa más amplia sobre las entidades vinculadas al fútbol argentino, según publicó el portal de noticias TN.
La Cámara Civil declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la IGJ, firmada el 18 de febrero de 2026, que había rechazado la inscripción de la reforma estatutaria por cambio de domicilio y la cancelación de la matrícula de la AFA en la Ciudad de Buenos Aires. También anuló la Resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia, dictada el 16 de marzo, que había dispuesto una intervención informativa en grado de veeduría por 180 días hábiles.
El eje del fallo es la competencia. Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset sostuvieron que, una vez que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense autorizó el cambio de jurisdicción y prestó conformidad al traslado del domicilio social a Pilar, el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre la AFA quedaron bajo la órbita provincial. Bajo esa lectura, la IGJ ya no podía inspeccionar el nuevo domicilio ni revisar lo resuelto por el organismo bonaerense.
En el Gobierno, el fallo también abrió un nuevo pase de facturas internas dentro del área de Justicia. En el sector que ahora conduce Juan Bautista Mahiques, con Alejandro Ramírez al frente de la IGJ, sostienen que la Cámara marcó un flanco de la etapa anterior: que el organismo nacional tomó conocimiento del acto de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense que convalidó el traslado de la AFA a Pilar y no lo impugnó de manera eficaz. Esa lectura apunta a la gestión previa del Ministerio de Justicia, que coordinaba Santiago Caputo a través de Sebastián Amerio.
El expediente, sin embargo, expone diferencias. Vítolo sí se opuso al avance de la AFA: primero intentó frenar la asamblea de octubre de 2024 en la que se aprobó el cambio de jurisdicción y luego, en febrero de 2026, rechazó la inscripción de la reforma estatutaria y la cancelación de la matrícula porteña. Lo que ahora sostiene la Cámara es distinto: que, una vez dictado el acto administrativo bonaerense que aceptó la radicación en la Provincia, la IGJ no podía revisar esa decisión ni ordenar inspecciones sobre un domicilio que ya había quedado bajo la órbita del organismo provincial. Con ese diagnóstico, la nueva conducción anticipa que apelará el fallo.
El fallo remarca que la normativa de la IGJ exigía, para tramitar el cambio de jurisdicción, una resolución del organismo competente en la nueva jurisdicción que prestara conformidad al traslado. Según la Cámara, esa documentación fue aportada mediante la resolución de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. Por eso, los jueces concluyeron que, si ese organismo había aceptado el domicilio indicado, la IGJ no podía ordenar una inspección sobre ese mismo lugar como si conservara competencia territorial.
La sentencia también cuestionó el accionar administrativo de la IGJ. Los jueces sostuvieron que el organismo nacional se “erigió por encima” de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, a la que le atribuyeron facultades equivalentes de control dentro de su jurisdicción. En esa línea, consideraron que la IGJ llevó adelante facultades revisoras o fiscalizadoras sobre un organismo par y que esa conducta excedía su esfera de competencia.
Otro punto sensible del fallo es la distinción entre domicilio social y sede. La Cámara sostuvo que, una vez aprobada e inscripta la reforma estatutaria sobre el domicilio legal, la competencia territorial correspondía al organismo provincial. También señaló que las dudas sobre la ubicación concreta de la sede o sobre el funcionamiento efectivo del inmueble en Pilar no podían prevalecer sobre el acto administrativo bonaerense que había autorizado el cambio.
El tribunal además cuestionó que la IGJ fundara parte de su decisión en informaciones públicas que sugerían irregularidades en la nueva sede. Para la Cámara, esas referencias no alcanzaban para desvirtuar la presunción de validez del acto dictado por el organismo provincial. También mencionó que, si la AFA hubiera sido oída en esa instancia, podría haber aportado el contrato de comodato firmado con la Municipalidad de Pilar por el uso del inmueble ubicado en Mercedes 1366.
La decisión también desactiva la veeduría ordenada por el Ministerio de Justicia. La medida, firmada por Juan Bautista Mahiques, había sido dictada sobre la base de un informe de la IGJ y apuntaba a revisar documentación societaria, contable y financiera de la AFA. La Cámara concluyó que, al caer la resolución previa de la IGJ por falta de competencia, también quedaba sin sustento la resolución ministerial que había designado a los veedores.
En el Gobierno sostienen que la apelación buscará defender las facultades de control estatal sobre la entidad, aunque reconocen que el fallo plantea una discusión central sobre jurisdicción. La Casa Rosada quiere evitar que el cambio de domicilio de la AFA cierre la puerta a la revisión de balances, documentación contable y decisiones institucionales que habían quedado bajo observación de la IGJ y del Ministerio de Justicia.
El fallo, de todos modos, aclara que su decisión no implica desconocer investigaciones judiciales en curso ante otros tribunales. Ese punto es relevante porque la situación de la AFA y de sus dirigentes también aparece atravesada por causas penales y económicas que corren por vías distintas. La Cámara limitó su análisis a la competencia administrativa de la IGJ y del Ministerio de Justicia para intervenir sobre una entidad que, según su criterio, ya estaba bajo control provincial.
La resolución llega después de una serie de movimientos del Gobierno sobre el fútbol argentino. La IGJ había avanzado con requerimientos, veedurías e intimaciones sobre la AFA y la Superliga, en medio de investigaciones por balances, transferencias, contratos y vínculos económicos. En el caso de la Superliga, el organismo también había apercibido a la entidad y la había intimado a entregar documentación, aunque ese expediente siguió un recorrido administrativo y judicial propio.
En Balcarce 50 leen el fallo como un revés político y jurídico para el esquema de control diseñado desde Justicia. La decisión fortalece la estrategia de la AFA de trasladar el debate al plano jurisdiccional y dejar sus balances fuera del control de la IGJ. En Nación, sin embargo, anticipan que no darán por cerrada la discusión y que la apelación será el próximo paso para intentar sostener la competencia nacional sobre las actuaciones ya iniciadas.