“Los adultos mayores no están contemplados en la adjudicación de los planes de vivienda del Fonavi”, advirtieron y remarcaron que la norma busca mejorar la calidad de vida de este sector.
Con el propósito de asegurar para los adultos mayores un cupo mínimo del 1,5% de las viviendas que se construyen a través de los Fondos Nacionales para Vivienda (Fonavi), diputados del bloque del Frente Cívico impulsan la modificación de la ley nacional de Vivienda (Nº 24.464).
Hasta el momento la norma nacional solo prevé un cupo del 5% para familias con un integrante discapacitado.
El proyecto de ley fue firmado por Mirta Pastoriza, Graciela Navarro, Aida Delia Ruiz, José Alberto Herrera y Manuel Humberto Juárez, y se encuentra en las comisiones de Vivienda y Ordenamiento Urbano; Discapacidad; de Las Personas Mayores; y de Presupuesto y Hacienda.
El texto del proyecto propone modificar un inciso del artículo 12º de la ley 24.464 (y sus modificatorias), que refiere a la definición de los criterios indicativos de selección de adjudicatarios de viviendas construidas o créditos otorgados con fondos del Fonavi, para incorporar el 1,5% de cupo mínimo para los adultos mayores.
“El Consejo Nacional de la Vivienda establecerá un cupo preferente, de un mínimo, del 1,5 % en cada uno de los planes de adjudicación o mejoramiento de viviendas que se ejecuten con el fondo del Fonavi, destinado a adultos mayores”, reza el texto.
Agrega que en el caso de fallecimiento del beneficiario, “la vivienda será readjudicada a los herederos que se encontraren conviviendo los últimos cinco años anteriores a la fecha de defunción del titular. Estos deberán cumplimentar los criterios indicativos de selección de adjudicatarios Fonavi. Si no se cumplieran dichos requisitos la vivienda deberá ser readjudicada por los entes jurisdiccionales respectivos a otro adulto mayor”.
De acuerdo con el proyecto, “para acceder a los beneficios establecidos en el cupo se deberá cumplir con los siguientes requisitos: Ser mayor de 60 años al momento de efectuar su inscripción al Fonavi; en caso de solicitarse la adjudicación de una vivienda, el solicitante no deberá poseer, ni haber poseído ningún inmueble en los últimos cinco años anteriores a la fecha del acto de adjudicación”.
Los legisladores rescatan en la fundamentación de la norma, que la modificación a la ley fue largamente discutida en la comisión de vivienda y ordenamiento urbano, llegando a un dictamen común.
“La Argentina se encuentra frente a un déficit habitacional en el que vemos inmersos a amplios sectores de la sociedad, cuando esta situación alcanza a los adultos mayores la cuestión es aún más sensible. El 80% de las personas que han accedido a una jubilación cobra la asignación mínima, lo que nos habla de la situación de vulnerabilidad económica en la que se encuentran”, reflejaron.
“Las cifras oficiales muestran un incremento poblacional paulatino de los adultos mayores y sumado al aumento de la expectativa de vida de la población nos presenta el desafío de diseñar políticas de estado que garanticen a estos sectores una mejor calidad de vida”, enfatizaron.
Consignaron que “los adultos mayores no están contemplados en la adjudicación de los planes de vivienda del Fonavi, los cuales fueron concebidos, en un principio, con el objetivo de contener y brindar la posibilidad de acceder a una vivienda a grupos familiares, discriminando, de esta manera, a personas que se encuentran en una situación económica apremiante, no solo por los bajos ingresos percibidos, sino porque gran parte de sus magras jubilaciones deben dedicarlas a medicamentos que en su gran mayoría son de un elevado costo”.
Advirtieron también que “un alto porcentaje de los adultos mayores que se encuentran en los geriátricos estatales, no se encuentran allí sólo por una necesidad física, sino que muchas veces concurren a los hogares públicos por las condiciones socioeconómicas adversas en las que se encuentran, renunciando de esta manera a su independencia y perdiendo su privacidad”.
Este proyecto pretende facilitarles el acceso a una vivienda digna que les posibilite recuperar la alegría de la libre elección de su lugar de vida, concluyen los legisladores santiagueños.
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