El juez federal Ariel Lijo exige una auditoría biométrica a Victoria Tolosa Paz. Quedan 1300 beneficiarios sin cobrar todavía. Emilio Pérsico debe explicar y solucionarlo urgente por pedido de Alberto Fernández.
El juez federal Ariel Lijo le ordenó al Ministerio de Desarrollo Social que realice una auditoría biométrica antes del 15 de enero para determinar la identidad de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, en el marco de una causa que investiga a presuntos intermediarios que retenían tarjetas y cobraban en nombre de otras personas.
La investigación surgió a partir de un pedido que el exministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta realizó a la AFIP para cruzar la base de datos de los beneficiarios del plan, que otorga la mitad de un salario mínimo (unos 25 mil pesos), con la de personas que compraron dólares o declararon Bienes Personales.
Ese entrecruzamiento determinó que unas 250.000 personas percibían el plan y, al mismo tiempo, habían adquirido dólares o tenían registrado un inmueble o un vehículo nuevo. Luego, un análisis más fino determinó que en algunos casos eran personas que tenían registradas compras de hasta 2 dólares, lo que puede relacionarse con el pago de servicios como Netflix o Spotify. En cuanto a los vehículos, lo mismo sucedía con motos para delivery.
La investigación, según trascendió, podría llevar a que se caigan unos 150 mil planes. Previamente se debe corroborar cómo fueron entregados y si quienes cobraban la tarjeta eran los titulares o no, ya que se sospecha que algunos planes están asignados personas necesitadas, pero intermediarios les retenían las tarjetas para cobrarlos.
La validación de identidad sobre la totalidad de destinatarios del plan se viene realizando a través de un proceso con reconocimiento facial mediante la app Mi Argentina.