La diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica ARI-Cambiemos) presentó un proyecto de ley para que sindicalistas, titulares de Obras Sociales y de Cámaras Empresariales, estén obligados a presentar su declaración jurada de bienes y que contempla que se pueda promover una investigación judicial ante posibles enriquecimientos injustificados.

La iniciativa se anuncia el mismo día que las centrales obreras realizaron la primera protesta masiva contra el gobierno de Mauricio Macri. Entre los reclamos expresados por los líderes gremiales se mencionó el impuesto a las Ganancias, la inflación y los despidos.

La propuesta de Carrió establece que “las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales, empresariales (cámaras, asociaciones, federaciones, confederaciones y otras formas de agrupación corporativa) y de las obras sociales” deberán presentar declaraciones juradas “por los cinco períodos fiscales anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”.

Asimismo, la iniciativa propone que los sujetos mencionados sean pasibles de ser alcanzados por el mismo tipo de delitos que los funcionarios públicos, especialmente el delito de enriquecimiento ilícito.

Mercedes