La pesquisa, a cargo de la jueza federal María Servini, comenzó tras la denuncia de una mujer que advirtió “irregularidades” en la llegada a la Argentina de mujeres extranjeras a punto de parir.
Hay una investigación en curso, a cargo de la jueza federal María Servini, que comenzó tras una presentación que hizo una mujer en la División Denuncia de Delitos Federales de la PFA donde “advirtió sobre maniobras irregulares en el ingreso de ciudadanas rusas a punto de dar a luz y el otorgamiento de trámites migratorios”.
Detrás del boom de las ciudadanas rusas embarazadas que llegan a la Argentina para dar a luz podría haber un negocio millonario y un entramado ilícito con la circulación de documentación apócrifa para que las mujeres y hombres extranjeros que arriban al país puedan radicarse y, en las últimas horas, por orden de la Justicia, hubo una serie de allanamientos en Puerto Madero.
Tras la denuncia, la jueza Servini le dio intervención a la División Asuntos Migratorios de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. El Ministerio Público está representado por el fiscal Federico Delgado.
“Los investigadores lograron identificar la primera línea de la supuesta organización delictiva. La red lucraba con familias rusas de alto poder adquisitivo, quienes para ingresar en la Argentina pagaban entre 20.000 y 35.000 dólares para entrar en el país, tener una clínica u hospital para que nazcan sus hijos. Tras los nacimientos, como los bebés eran ciudadanos argentinos, la banda criminal gestionaban con documentación apócrifa tramites de radicación y ciudadanía argentina en tiempo récord para los padres”, dijeron las fuentes consultadas.
Según fuentes con acceso al expediente, la hipótesis es que todo era parte de un plan para después emigrar a países de Europa o a los Estados Unidos.
“Con el pasaporte ruso no podrían emigrar a los Estados Unidos y a la mayoría de los países de Europa”, dijo un detective del caso.
Fuentes policiales informaron que la jueza Servini ordenó una serie de allanamientos. Hubo procedimientos en dos inmuebles de Puerto Madero donde residían los supuestos líderes de la supuesta organización bajo sospecha.
Uno de los allanamientos fue hecho en una torre de departamentos situada en Juana Manso al 500 y, el otro, en un edificio situado en Azucena Villaflor al 500.
“No hubo detenciones pero se secuestraron notebooks, tablets, unidades de almacenamiento externo (discos- USB), teléfonos celulares, documentación personal, documentación migratoria, certificados policiales y dinero en moneda extranjera (dólares y euros) y moneda nacional”, dijo un jefe policial.
Ayer, tras la presentación de un hábeas corpus, el juez federal Luis Armella, que subroga uno de los juzgados federales de Lomas de Zamora, autorizó, por cuestiones humanitarias, el ingreso promisorio de seis ciudadanas rusas que habían sido retenidas en el aeropuerto internacional de Ezeiza por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
“Hay una investigación judicial que está detrás de estas bandas que traen a mujeres y hombres, y atrás hay un negocio millonario”, confirmó la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, al referirse a la situación de las mujeres que habían sido inadmitidas y luego pudieron entrar a la Argentina.
fuente: La Nación