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Milei quiere “cerrar el Estado” si no aprueba la ley de Presupuesto

Con esta iniciativa se busca una transformación profunda de la administración de los recursos públicos para establecer un límite al gasto estatal.

Tomando la idea del Gobierno de Estados Unidos, el presidente Javier Milei anunció que se trabaja en un proyecto de ley para implementar en la Argentina un mecanismo similar al denominado “Shutdown”, o apagón del Poder Ejecutivo como lo tiene la Casa Blanca de Washington. “Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, en realidad de la política”, explicó el libertario a la prensa.

Al respecto, el Presidente señaló que con esta iniciativa se busca una transformación profunda de la administración de los recursos públicos para establecer un límite al gasto estatal.

La idea se presenta como un nuevo paradigma en la gestión nacional, con la que, se argumenta, buscan impedir de forma automática que la política financie gastos más allá de las capacidades reales y autorizadas por el Congreso Nacional.

La iniciativa es parte de la reformulación integral de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), de la cual el Gobierno ya dispone de una versión propia. Tratarán de esta manera de echar por tierra el actual sistema, al que Milei llama “verdadero insulto al intelecto” considerando la dispersión como consecuencia de la persecución de cinco objetivos de política económica simultáneos.

En vez de ello, la idea es asignar a la entidad un propósito único y blindado, prohibiendo de manera explícita que el Banco Central pueda emitir dinero para financiar al Estado nacional bajo cualquier circunstancia.

El “government shutdown” (tal su nombre completo en inglés) previsto en la legislación estadounidense, se activa de modo automático siempre que el Poder Legislativo no aprueba en tiempo y forma las leyes de presupuesto general o, al menos, no da una autorización transitoria de financiamiento.

Esta irregularidad presupuestaria condiciona a la administración pública a suspender de forma inmediata todas aquellas actividades y prestaciones no esenciales para el funcionamiento básico del Gobierno. Paralelamente, se asegura que solo las principales funciones (seguridad nacional, salud pública y emergencia) sigan operativas para garantizar la estabilidad mínima del país.

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