El Estado argentino solicitó a la jueza Loretta Preska frenar el proceso de intercambio de información impulsado por los demandantes, al considerar que se trata de un uso abusivo del mecanismo judicial que afecta la soberanía nacional.
A través de la Procuración del Tesoro, el Estado argentino solicitó a la jueza Loretta Preska frenar el proceso de intercambio de información impulsado por los demandantes, al considerar que se trata de un uso abusivo del mecanismo judicial que afecta la soberanía nacional.
El Gobierno nacional presentó un pedido formal ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Loretta Preska, para que se suspenda el proceso de discovery y la moción de desacato promovida por los demandantes en el litigio vinculado a YPF. La solicitud fue elevada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que denunció un accionar judicial desproporcionado por parte de los beneficiarios del fallo.
En el escrito, el Estado argentino sostuvo que los reiterados requerimientos de información “se han vuelto intrusivos y excesivos”, y advirtió que constituyen un “hostigamiento sistemático contra un Estado soberano”, con impacto directo sobre la soberanía nacional y las relaciones diplomáticas.
El discovery es la etapa del proceso judicial que habilita a los demandantes a solicitar información con el objetivo de identificar activos susceptibles de embargo para ejecutar la sentencia. Desde la Procuración recordaron que, a diferencia de gestiones anteriores —cuando la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades—, desde diciembre de 2023 el país cumplió plenamente con todas las obligaciones impuestas por el tribunal.
Según el planteo oficial, el Estado realizó un “esfuerzo extraordinario” para entregar la información solicitada, aportando un volumen de documentación calificado como “sin precedentes”. No obstante, señalaron que, pese a ese cumplimiento, los demandantes intensificaron sus reclamos y avanzaron con pedidos cada vez más alejados del objeto original de la causa.
En ese contexto, la Procuración apuntó directamente contra Burford Capital, al señalar que profundizó la presión judicial mediante una moción de desacato y nuevos requerimientos vinculados a las reservas de oro del Banco Central. Al respecto, el Gobierno remarcó que esos activos pertenecen a la autoridad monetaria y se encuentran protegidos por la inmunidad de ejecución, por lo que no pueden ser objeto de embargos ni de solicitudes de ese tipo.
Para el Estado argentino, el proceso de discovery “se ha desnaturalizado” y pasó a funcionar como una herramienta destinada a interferir en el normal funcionamiento del país. En el escrito también se citó que los propios demandantes manifestaron su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica.
Finalmente, el Gobierno ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles en cada instancia judicial para defender la soberanía, el Estado de Derecho y frenar pedidos que considera ilegítimos y contrarios tanto a la Constitución Nacional como al derecho internacional.