El debate por la ley de gastos e ingresos arranca a las 12.
El oficialismo busca convertir en ley este viernes, en una sesión convocada para las 12:00, el Presupuesto 2026. Tras obtener la media sanción en la Cámara Baja, el proyecto llega al Senado con una hoja de ruta centrada en el equilibrio fiscal: contempla gastos por $148 billones y un ambicioso superávit primario del 1,2% del PBI. Entre las variables macroeconómicas proyectadas, el texto prevé una inflación anual del 10,1%, un dólar oficial a $1.423 para diciembre de 2026 y una expansión de la economía del 5%.
La encrucijada parlamentaria La mirada política está puesta en la capacidad de La Libertad Avanza para consolidar una mayoría que permita sancionar la ley sin alteraciones. Sin embargo, el escenario es complejo: el fuerte rechazo de Unión por la Patria al artículo 30 amenaza con modificar el texto original. De producirse cambios en este punto crítico, la iniciativa perdería su carácter de sanción definitiva y debería ser devuelta a Diputados para una segunda revisión, postergando la resolución final del presupuesto nacional.
Según informó el sitio Todo Noticias, el Gobierno confía con más de 40 votos para la sanción en general, pero reconocen que no cuentan con las mismas adhesiones para la votación de los capítulos y de su articulado.
Cuáles son los puntos claves del Presupuesto 2026
El Presupuesto 2026 será tratado este viernes en el Senado. El proyecto de ley de gastos e ingresos incluye los siguientes puntos claves:
Prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI);
Una inflación anual de 10,1%.
El dólar a $1423 para finales de diciembre del próximo año.
El superávit primario será de 1,5% del PBI y el financiero, de 0,2%.
Las exportaciones se incrementarán 10,6% a finales del año que viene.
Asigna $4,8 billones a las Universidades nacionales;
Eleva el gasto en jubilaciones, 5%; en Salud, 17% y en Educación, 8%.
Qué dicen el artículo 30 y el artículo 12 del Presupuesto 2026
El artículo 30 del proyecto dispone la derogación de normas que fijan pisos obligatorios de financiamiento en educación, ciencia y tecnología y defensa. Este apartado fue rechazado por Unión por la Patria.
El texto elimina la meta de inversión del 6% del PBI en educación, recorta fondos destinados a la educación técnica y avanza sobre partidas vinculadas al sistema científico, incluida en la Ley de Educación Nacional y de la Ley de Financiamiento Educativo.
Además, deroga tres disposiciones de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fijaban un incremento progresivo del presupuesto hasta alcanzar en 2032 el 1% del PBI destinado al área.
También deja sin efecto el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que garantizaba el financiamiento del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FONETP) con un piso del 0,2% de los Ingresos Corrientes del Presupuesto Nacional.
En esa línea, elimina el inciso 1 del artículo 4 de la Ley del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), que establecía un financiamiento equivalente al 0,35% de los Ingresos Corrientes. El proyecto dispone que todas estas derogaciones entren en vigencia a partir del ejercicio fiscal 2026.
Otro de los artículos que fue cuestionado por los bloques opositores es el artículo 12 destinado a las universidades nacionales. Ese punto fija los fondos para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las casas de altos estudios.
Según el texto, las universidades deben presentar “la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto” ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
De esta forma, el Gobierno podrá “interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.