La contracara de esta situación es el sistema bancario, donde rigen una serie de controles cruzados de diversos organismos estatales.
Una presunta filtración de información, difundida en las últimas horas por especialistas en ciberseguridad en redes sociales, habría dejado expuestos los datos personales de millones de argentinos y a la vez, disparó la polémica sobre las amenazas digitales que también se corporizan en diferentes circuitos financieros informales y en muchos casos, ilegales, donde la información personal se convierte en un insumo comercial de alto valor y escaso control.
La contracara de este submundo del ecosistema digital, es el sistema financiero, encarnado en los bancos, donde cada inversión financiera está regulada y en el cual también sus actores deben informar y rendir cuentas periódicamente ante los organismos de contralor existentes.
En el medio de las denuncias por filtración de información de millones de argentinos, esta semana, apareció el nombre de SudamericaData, empresa dedicada a la elaboración y comercialización de reportes informativos sobre personas físicas y jurídicas, la cual quedó nuevamente bajo la lupa a partir de la difusión de un archivo que superaría el terabyte de tamaño y que, según el sitio especializado Daily Dark Web, contendría bases de datos fiscales atribuidas a AFIP/ARCA, registros del DNRPA, con información vinculada a la titularidad de vehículos, datos laborales y previsionales de ANSES, incluidos sueldos y asignaciones, números de teléfono y direcciones de correos electrónicos. Hasta el momento, no hubo confirmación oficial de los organismos estatales, ni una comunicación pública de la compañía señalada.
En este contexto, en el que aparecen en forma on line diferentes sitios de inversiones financieras que solicitan información a particulares y ofrecen ganancias rápidas y mágicas, es que emergen las instituciones financieras reguladas como el caso de los bancos, que ofrecen diferentes opciones de inversión pero tuteladas por organismos reguladores como el Banco Central (BCRA) o la Unidad de Información Financiera (UIF) cuyo objetivo es resguardar los intereses de los ahorristas o inversionistas, prevenir el lavado de activos y los fraudes que se han vuelto tan comunes en el ecosistema digital que no está regulado.
Los bancos que conforman el sistema financiero argentino, cuentan con sus canales digitales para concretar inversiones, pero también muestran en el ecosistema digital, una trazabilidad de los elementos en los que invierten para mayor resguardo de los ahorristas y de cada una de sus operaciones.
Este caso de SudamericaData reabre una discusión de fondo sobre el rol de empresas privadas que concentran grandes volúmenes de datos personales y escasa regulación. También la falta de controles efectivos sobre el origen, uso, almacenamiento y protección de esa información aparece como uno de los principales puntos críticos, cuestiones que en el caso del sistema bancario se encuentran reguladas y controladas desde diferentes agencias estatales. SudamericaData, según su descripción formal, se dedicaba a la gestión y tratamiento de información, ofreciendo reportes sobre ciudadanos y empresas a clientes privados. Según documentos judiciales, proporcionaba información que incluía teléfonos celulares personales, correos electrónicos privados, montos exactos de sueldos, facturación promedio de empresas y detalles sobre bienes personales como autos e inmuebles, con dominio y nomenclatura catastral. Ese nivel de detalle fue uno de los puntos que despertó mayores cuestionamientos por parte de investigadores y especialistas en protección de datos.