En Casa Rosada descartan entregar garantías mientras se cursa la apelación.
El Gobierno nacional ultima detalles de su estrategia jurídica para la audiencia clave del juicio por la expropiación de YPF, que se realizará el próximo martes en Nueva York, donde se medirá con los fondos demandantes Burford Capital y Eton Park, bajo la supervisión de la jueza Loretta Preska. El foco del encuentro estará puesto en el discovery, es decir, el acceso a información sensible sobre activos estatales, que los fondos buscan obtener para avanzar con posibles embargos.
La Procuración del Tesoro, encabezada por Santiago Castro Videla, trabaja intensamente en la presentación de escritos y en delinear una postura firme de defensa. En la Casa Rosada descartan categóricamente entregar garantías mientras se encuentra en curso la apelación al fallo que ordenó transferir acciones de la petrolera. El último descargo fue presentado esta semana ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, que ahora deberá definir si acepta o no el pedido argentino de frenar la entrega de activos.
La jueza Preska otorgó un plazo de dos semanas para que las partes intercambien documentos y busquen un consenso sobre qué información puede ser compartida. No obstante, el Gobierno adelantó que no negociará fuera del ámbito judicial y rechazará cualquier intento de acuerdo por canales informales. La prioridad del oficialismo es evitar que se consolide la idea de que YPF y el Estado argentino son lo mismo, algo que los fondos utilizan como argumento para avanzar sobre bienes soberanos.
Además, la Corte de Apelaciones fijó audiencias orales para fines de octubre, después de las elecciones legislativas en Argentina, en las que se tratará la apelación central al fallo por más de US$16.000 millones. En paralelo, el Gobierno celebra la decisión de dividir el proceso de apelación en cuatro tramos, lo que le permite ganar tiempo en una causa de alto impacto político y económico.
En el entorno presidencial aseguran que la orden de Preska para transferir acciones excede su jurisdicción y advierten que si los fondos acceden al paquete accionario y lo liquidan, el daño sería irreversible, incluso si el país gana la apelación. En ese sentido, el Ejecutivo ya anticipó que, en caso de un revés, acudirá de forma urgente a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Como parte de la estrategia, el Gobierno de EE.UU. presentó un amicus curiae a favor de Argentina, lo que generó resistencia por parte de Burford, que insiste en que el país debe depositar una garantía para poder apelar. En medio del conflicto, también trascendió que la Procuración reestructuró su funcionamiento interno ante sospechas de filtraciones vinculadas a la causa: en el entorno presidencial afirman tener indicios de venta de información confidencial de YPF a los demandantes.