La ex Subsecretaria de Planeamiento Energético y referente del Frente Renovador, Cecilia Garibotti, se expresó públicamente sobre el reciente fallo de la jueza neoyorquina, Loretta Preska, quien ordenó al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford. Este fallo se enmarca en una causa judicial iniciada en los tribunales de Nueva York a partir del proceso de estatización del 51% de las acciones de YPF en 2012, entonces en manos de la petrolera española Repsol.
Garibotti calificó como alarmante que “un fondo buitre litigue en Estados Unidos para que un grupo argentino, que ingresó a YPF sin poner un solo dólar, cobre por una expropiación que nunca ocurrió sobre sus acciones”. Pero señaló que lo más grave es que “una jueza de Nueva York se declare competente para juzgar decisiones soberanas del Congreso argentino, que involucran a un accionista privado, también argentino”. En ese sentido, advirtió que este fallo “desvirtúa el principio de soberanía nacional y crea un precedente peligrosísimo: el de tribunales globales que actúan como árbitros de decisiones políticas locales, incluso cuando los reclamantes son argentinos”.
A su vez, la ex Subsecretaria de Planeamiento Energético también alertó sobre los efectos económicos que ésta situación ya genera para el país, en un contexto crítico: “En enero de 2024, la jueza Preska instó a las partes a negociar los términos del pago del fallo. Sin embargo, desde entonces, el gobierno argentino no ha avanzado en ninguna instancia de negociación”, explicó. Y agregó: “Mientras tanto, por cada día que pasa sin un acuerdo, se acumulan 3 millones de dólares en intereses a favor del fondo buitre. La apelación, en este contexto, es costosa y sin estrategia clara por parte de la gestión de gobierno actual”.
Además, la referente del Frente Renovador también resaltó su preocupación por la falta de información oficial sobre la postura del gobierno nacional: “Es una situación de extrema gravedad que afecta directamente a la política energética, al abastecimiento futuro y a nuestra soberanía”. Y agregó: “Pareciera que en esa improvisación del gobierno, tal vez caes por default en una privatización de facto, que es el peor de los escenarios”.
Por último, Garibotti remarcó la necesidad de tomar dimensión del trasfondo que encierra este conflicto legal: “Estamos frente a un intento de despojo de una de las empresas más estratégicas para el desarrollo del país. No es solo un problema judicial: es una amenaza directa a nuestra capacidad de decidir soberanamente sobre nuestros recursos”.