La denuncia radicada por la Fiscalía de Estado de Tucumán precipitó la salida de los magistrados que habrían incurrido en serias faltas en su desempeño.
Los tres jueces del Crimen denunciados por supuestos “mal desempeño de sus funciones y desconocimiento del Derecho”, formalizaron su renuncia a sus respectivos cargos ante el Superior Tribunal de Justicia.
Tal como lo contemplaba uno de los escenarios posibles, los magistrados Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Moreno presentaron sus dimisiones después de que el Consejo de la Magistratura se pronunciara el viernes por la noche a favor de que sean sometidos a un jury de enjuiciamiento por las acusaciones en su contra.
Altas fuentes ligadas al caso deslizaron que los jueces se hicieron presentes en el Palacio de Tribunales y formalizaron sus presentaciones ante el Superior Tribunal de Justicia.
El máximo órgano judicial de la provincia se reuniría recién mañana para analizar las dimisiones y todo indicaría que serían aceptadas teniendo en cuenta los antecedentes, apuntaron. Una vez que el STJ acepte las renuncias, notificaría al Consejo de la Magistratura de la existencia de tres vacantes, y de esa forma se iniciaría el proceso para cubrir dichos puestos, para lo cual se deberá llamar a concurso.
Como este procedimiento podría demandar varias semanas e incluso meses, el STJ designaría a tres jueces en carácter provisorio, lo cual podría materializarse a finales de la semana entrante.
Hasta tanto, el Dr. Darío Alarcón, juez del Crimen de Tercera Nominación, subrogará a los juzgados del Crimen de Primera y Segunda Nominación (Martínez Llanos y Tarchini Saavedra respectivamente); mientras que la jueza del Crimen de Quinta Nominación, Dra. Rosa Falco, hará lo propio con el juzgado del Crimen de Cuarta Nominación (que estaba a cargo de Miguel Moreno).
Origen
Cabe recordar que la denuncia contra los tres magistrados se inició con la presentación del doctor Mario Fabián Nahas, en representación de Fiscalía de Estado de Tucumán, quien informó sobre la existencia de supuestas irregularidades en un expediente iniciado por el empresario periodístico Luis Manuel Pericás, en contra de Marcelo Dittinis y la Provincia de Tucumán, por un “delito a establecer” y por el cual se había ordenado un embargo millonario a los fondos de coparticipación de la vecina provincia. De inmediato, se activaron todos los resortes del Consejo de la Magistratura. Ayer expiró el tiempo y los magistrados involucrados en la presentación formularon sus descargos.
Sin embargo, los fundamentos no habrían sido suficientes, según la consideración del Consejo, para justificar sus responsabilidades en las actuaciones y resolvieron –previo dictamen de la comisión- iniciar el jury de enjuiciamiento.