Cinco fueron indagados ayer. La Fiscalía les reprocharía operar en el mercado sin título habilitante, o formación mediante.
Siete propietarios de gimnasios, institutos de enseñanza, estética y masajistas fueron imputados y cinco de ellos indagados ayer, dentro de una ambiciosa investigación ante firmes sospechas de que violaron a normas y pusieron en riesgo la salud de la población, al realizar prácticas propias de kinesiólogos y sin título habilitante.
Así lo dispuso la fiscal Celia Mussi, quien lleva adelante una ambiciosa investigación iniciada en el año 2022 con una presentación de Sebastián Peralta. “En mi calidad de presidente del Colegio de Kinesiólogos de Santiago del Estero, interpongo denuncia contra las personas que resulten responsables de ejercer ilegalmente la profesión, según lo tipifica el Código Penal Art. 208 y 247 y los que correspondan según surja de la investigación penal”, reveló.
“Ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos (Arts. 208 y 247 del CP) en perjuicio de la salud pública”, son los cargos por los cuales la Fiscalía habría imputado a siete dueños de locales.
Los protagonistas
Del grupo se destacarían dos personas que hacían quiropraxia; una escuela de masajes; también fue imputada la dueña de un gimnasio céntrico; otra relacionada a la masoterapia; la propietaria de una casa de estética del centro y otra similar bandeña.
En todos los imputados, el común denominador sería el “ofrecimiento de servicios”, vulnerándose la Ley Nacional de Kinesiólogos, otra provincial y el propio Código Penal.
Siempre sobre la base de las actuaciones, trascendió que habrían sido indagados Luciana Belén Godoy, Martina María Montenegro, Walter Alejandro Díaz, Elizabeth Rodríguez y Delina Ruiz de Los Llanos. Se supo que los dos últimos no habrían declarado.
El proceso tomó mayor dimensión seis meses atrás. La Justicia ordenó la detención de una mujer del Bº Sargento Cabral. Los investigadores allanaron un “instituto” donde se cobraba $ 2.000 por una sesión de kinesiología, al parecer sin la debida matrícula.
Con el mismo ímpetu fueron allanados luego cinco locales de masajes, estética y belleza. Entre otros, la policía golpeó en un local del Bº Rivadavia. Fueron secuestrados documentación, sellos, certificados de cursos, talonarios de recibos y una notebook. También se allanó otro de calle Misiones al 200 e incautados, un celular y una computadora.
Los policías golpearon después en Salta al 100. Incautaron, una carpeta con documentos, certificados de cursos y un equipo de radiofrecuencia. El operativo incluyó a un local de calle San Martín al 100. Fueron incautados una CPU, un celular, fotocopia de habilitación y una caja con certificados. El último local se sitúa en calle Urquiza al 100, en La Banda. Allí secuestraron certificados y una agenda.
Kinesiólogos querellantes, duros con los centros denunciados como polifuncionales
El Colegio de Kinesiólogos ya se presentó como querellante en la causa. Entre marzo y agosto, la Fiscalía dio celeridad a la investigación con pericias, oficios a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Rentas de la provincia, Municipalidad y el Ministerio de Salud. En la presentación del 2022 y ampliación de denuncia en el 2023, las autoridades de los Kinesiólogos profundizaron su posición, refiriéndose a los locales objetados.
“Con la prueba documental que acompaño, acredito que existe un centro clandestino, en el que personas sin título habilitante operan sin habilitación sanitaria, ni autorización por parte de esta institución en lo que la materia nos compete como autoridad de aplicación y control del ejercicio profesional, según Ley provincial aplicable”.
“Terapias manuales y riesgo”
Ahondó Sebastián Peralta: “… Además de un ejercicio ilegal, los involucrados están ejerciendo y aplicando terapias manuales que colocan a las personas en riesgo de afectar su salud y provocarles lesiones. Desde ya, se informa que esta institución no ha habilitado consultorio profesional en ningún lugar…”
Mucho más preciso, subrayó: “Así, también, según el cartel indicativo, se estarían realizando curaciones, avasallando también la competencia y autorización del colegio profesional de enfermería de Santiago del Estero. Mi parte se reserva el derecho de ampliar la presente denuncia y acompañar más pruebas”, enfatizó.